Por Martín Carrizo
Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini se presentaron ante el Juzgado Federal Nro 11, pero se abstuvieron de declarar en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS, con contrataciones direccionadas, sobreprecios y retornos bajo la lupa de la fiscalía.
Hoy martes 28 de abril de 2026, compareció ante el Juzgado Federal Nro. 11, a cargo del juez Ariel Lijo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo, procesado por presunta asociación ilícita que habría funcionado desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, quien se negó a declarar haciendo uso de su derecho previsto en el art. 296 del Código Procesal Penal. Tampoco presentó un escrito. Daniel María Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, también administrador del Programa Incluir Salud, también se negó a declarar.
Si bien la denuncia penal la presentó el abogado Gregorio Dalbón a partir de unos audios filtrados en los que Spagnuolo hacía alusión a presuntos retornos, la hipótesis acusatoria habla de funcionarios de la ANDIS, entre ellos Spagnuolo, y de un grupo de empresarios vinculados al Programa Federal Incluir Salud que habrían redireccionado contrataciones con prestaciones de alto costo a cambio de retornos y dádivas, comprometiendo, según la imputación fiscal, una erogación pública de 75.478.149.019 pesos.
La calificación legal de Spagnuolo es presunta asociación ilícita en calidad de jefe (art. 210 CP), cohecho pasivo (art. 256 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), entre otros.
Otro dato es que la fiscalía describió el funcionamiento irregular de compras a través de SIIPFIS (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones), armando un esquema para simular competencias entre cuatro droguerías que se turnaban para ganar las compulsas, con cartelización, sobreprecios y retornos.
Como mencionamos, la causa tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11, a cargo del juez Ariel Lijo, quien subroga el juzgado desde febrero del corriente, con intervención de la fiscalía del Dr. Franco Picardi, coadyuvada por la PIA, Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del Dr. Sergio Rodríguez.
La causa continuará con una segunda tanda de 35 indagatorias, prevista desde este martes y hasta fines de mayo, mientras el expediente ya contaba con 19 procesados.
