El jefe de Gabinete y su esposa acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos en 2025, según surge del levantamiento del secreto bancario y fiscal en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, ahora a cargo del fiscal subrogante Franco Picardi, se encuentra en etapa de peritaje contable para determinar si existe desproporción entre ingresos, gastos e inversiones del matrimonio.
Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos durante 2025. El dato surge de los resúmenes bancarios incorporados al expediente tras el levantamiento del secreto bancario y fiscal en la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete.
Por otro lado, junto al avance de la prueba financiera, la causa registró un cambio transitorio en la conducción del Ministerio Público Fiscal. Gerardo Pollicita, que venía interviniendo en el expediente y había impulsado el levantamiento del secreto bancario y fiscal, tomó licencia. La subrogancia quedó a cargo del fiscal federal Franco Picardi.
Fuentes judiciales le confirmaron a este medio la licencia y el reemplazo pertinente. Desde el punto de vista procesal, la subrogación no modificaría la validez de las actuaciones: el nuevo fiscal recibe la causa en el estado en que se encuentra, con las medidas vigentes, la prueba incorporada y las líneas de investigación abiertas. En causas patrimoniales complejas, la continuidad institucional está garantizada, aunque el criterio de priorización de cada línea de investigación puede variar según el fiscal a cargo.
La información sobre las tarjetas aparece en una etapa en la que la causa dejó de apoyarse exclusivamente en declaraciones juradas o registros patrimoniales formales y pasó a trabajar con prueba bancaria y fiscal concreta. Los resúmenes incorporados muestran consumos por 85,1 millones de pesos durante 2025, con un promedio mensual superior a los 7 millones y meses en los que las liquidaciones superan los 7,5 millones, junto con cancelaciones de saldos cercanas a los 10 millones en una sola liquidación. Ese volumen de gasto no constituye un delito de forma automática, pero sí integra el material de análisis patrimonial que sirve para evaluar el estándar de vida, la capacidad económica efectiva y la consistencia entre ingresos, egresos y patrimonio.
En ese punto, una de las cuestiones que busca responder la investigación es si ese nivel de gasto puede justificarse con ingresos lícitos verificables. La tarea no se limita a sumar cifras. La fiscalía y el juzgado trabajan sobre una reconstrucción técnica que cruza cuentas bancarias, resúmenes de tarjetas, información fiscal, bienes registrables, inversiones y documentación respaldatoria. El objetivo es determinar si existe o no una desproporción entre los ingresos declarados por el matrimonio y el volumen de consumos e inversiones detectado durante el período bajo análisis.
Dentro de la investigación se incorporó también la remodelación de una vivienda en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, estimada en alrededor de 245.000 dólares. La obra aparece en la causa como una erogación relevante dentro del patrimonio declarado durante el período fiscal previo. La documentación vinculada a esa refacción (comprobantes, soportes de obra y constancias asociadas al contratista) fue agregada al expediente y se cruza con la información bancaria para establecer el origen, la secuencia y la justificación de los pagos aplicados a esa mejora inmobiliaria.
En ese tramo aparece la intervención del testigo Matías Tabar, contratista de la obra, cuya participación lo incorporó a la investigación como uno de los declarantes sobre el monto y la cronología de la refacción. Ese cruce busca fijar con mayor precisión el costo estimado de la obra, su desarrollo temporal y su eventual correlación con movimientos de cuentas, consumos y transferencias detectados durante el mismo período. En investigaciones patrimoniales de este tipo, el objetivo es verificar si los pagos asociados a una mejora de alto valor pueden ser trazados con respaldo documental suficiente. Tabar también dejó su teléfono celular y sus contraseñas a disposición de la justicia.
La causa tampoco se limita al aspecto patrimonial. Junto con la documentación contable y bancaria, se incorporaron elementos digitales y comunicaciones vinculadas a contratistas y a la ejecución de la obra, que forman parte del material bajo análisis.
Hasta el momento no surge de la documentación conocida una conclusión pericial definitiva ni una imputación formal basada específicamente en estos consumos con tarjeta. La información incorporada se encuentra en etapa de análisis técnico y debe ser valorada dentro del conjunto de prueba patrimonial, bancaria y documental. Por eso, el dato de los 85,1 millones de pesos en consumos durante 2025 debe leerse en ese marco: no como una conclusión cerrada, sino como uno de los componentes objetivos que la justicia utiliza para reconstruir la situación económica real del funcionario y su entorno.
Con la documentación bancaria ya incorporada al expediente, la refacción de la vivienda de Indio Cua identificada en torno a los 245.000 dólares y la subrogación formalizada en la fiscalía, la causa se encuentra en etapa de peritaje contable y evaluación de la prueba reunida. De acuerdo con fuentes judiciales, el resultado de ese análisis podría resultar relevante para las próximas decisiones procesales dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Martín Carrizo
