Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni en Comodoro Py, en el marco de la causa por las refacciones en la casa de su esposa, tras trascender que el jefe de Gabinete habría intentado influir sobre un testigo. El planteo reaviva el debate sobre la prisión preventiva de funcionarios y la llamada doctrina Irurzun.
En el día de la fecha, se presentó a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py Matías Tabar, el contratista a cargo de las refacciones de la casa adquirida por Bettina Angeletti, esposa del actual jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni. En el marco de la investigación, el fiscal federal Gerardo Pollicita había citado al contratista para que aportara documentación vinculada a las obras, como presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de servicio, facturación y comprobantes de pago, además de las comunicaciones mantenidas con Adorni y con su esposa.
A partir de lo trascendido, Marcela Pagano, diputada nacional del monobloque Coherencia, se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, en Comodoro Py, para solicitar la detención de Manuel Adorni bajo el argumento de entorpecimiento de la investigación. Pagano apoyó su pedido en los artículos 280, 281, 282 y 283 del Código Procesal Penal, así como en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal, y en la conocida Doctrina Irurzun, que admite la prisión preventiva de funcionarios cuando su poder les permite incidir sobre testigos y manipular pruebas.
Desde lo procesal, el planteo vuelve a instalar el debate sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva y la necesidad de acreditar riesgos concretos de obstaculización. En ese marco, la discusión no pasa sólo por la gravedad de los hechos atribuidos, sino por la posibilidad real de interferencia sobre la producción de la prueba o sobre la declaración de los testigos.
Martín Carrizo
