Miguel Boggiano dijo en la mesa de Mirtha que el periodismo está afectado porque Milei «cortó la pauta». María O’Donnell le respondió con un dato: YPF aumentó su gasto publicitario. Detrás de ese cruce hay un sistema desmantelado, empresas estatales que gastan sin transparencia y una pregunta sin respuesta: ¿a dónde va el dinero?
Ayer, como todas las noches del sábado, se transmitió La Noche de Mirtha Legrand por Canal 13. Por cuestiones de salud, Mirtha Legrand no pudo estar presente y la reemplazó Juanita Viale, su nieta, quien se mostró tan incisiva como su abuela a lo largo de la cena.
Los invitados de anoche fueron la periodista Luciana Geuna, implicada en el asunto del presunto espionaje en Casa Rosada, la periodista y escritora María O’Donnell, Miguel Boggiano, asesor económico de Javier Milei, y el conductor Julián Weich.
Nadie dudó de que esa mesa iba a estar «caliente» y que iba a tener un tinte político marcado, ya que la mayoría de los invitados están muy apegados a lo político: tanto desde la profesión periodística, como desde la visión económica libertaria de Boggiano, y el caso de Julián Weich, quien ha sido la cara visible de UNICEF Argentina durante décadas.
Todo parecía indicar que el debate político se iba a centrar en Geuna y en la acusación de haber hecho espionaje en Casa Rosada en complicidad con su producción: algo que fue denunciado por la Casa Militar y cuyo destino depende de si el fiscal Gerardo Pollicita impulsa la acción penal o desestima las pruebas ante el juez Ariel Lijo. Pero no. El debate se puso más caliente en otro bloque. Quizás el error de Boggiano fue haberse enfocado en el periodismo como institución con argumentos algo precarios: «Es un hecho que como Milei corta pauta hay muchos que están afectados porque les cortaron la fuente de ingresos grande» o contando una anécdota aislada sobre haber sido engañado por una persona que se hizo pasar por periodista de un medio para el que no trabajaba.
Bastaron milisegundos para que María O’Donnell respondiera: «Eso no es cierto, YPF es una empresa con participación accionaria estatal que aumentó la pauta«. Y acá es donde nos vamos a detener, primero porque hoy, 3 de mayo, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y, segundo, porque este tema parece no haber quedado claro: existe una confusión entre lo que es la pauta oficial del Ejecutivo y el gasto publicitario de empresas con participación estatal. ¿Acaso el «se cortó la pauta oficial» no es más que un eufemismo o un slogan que se sigue repitiendo? Para entender esto, necesitamos abordar ciertas cuestiones jurídico-administrativas del Estado.
Por un lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como «Ley de Medios» y sancionada en 2009, regula los servicios de radio y televisión, declarándolos de interés público para fomentar la competencia, la diversidad de voces y la desconcentración de medios. Esta ley establece, entre otras cosas, los marcos dentro de los cuales se debe encuadrar la asignación de la publicidad oficial.
Por otro lado, la Resolución 247-E/2016 de la Secretaría de Comunicación Pública oportunamente creó el RENAPPO (Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial), una especie de padrón oficial en el que cualquier medio que quisiera recibir pauta debía estar registrado. La idea era que al momento de realizar asignaciones específicas, se evitara que un funcionario pudiera darle fondos a un medio amigo de forma discrecional. Era, básicamente, un mecanismo de trazabilidad de la pauta otorgada. Esta resolución se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, la Resolución 9090/2023, de marzo de 2023, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, dejó el RENAPPO bajo la órbita de Télam como agencia distribuidora de la publicidad oficial. De ese modo, el registro pasaba de depender directamente de la Jefatura de Gabinete (con más controles) a un órgano intermediario menos estricto.
Cuando el presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2023, recibió un sistema que ya venía algo debilitado. Por otro lado, el 27 de diciembre firmó con el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse el Decreto 89/2023, que suspendía por un año las campañas institucionales de publicidad y comunicación de la Administración Central. Pero este decreto tenía algunas excepciones particulares: eximía de esa obligación a los organismos descentralizados y a las empresas con participación estatal mayoritaria, de modo que YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, AySA, ANSES, PAMI y Correo Argentino quedaron fuera de la restricción y continuaron gastando en publicidad sin ninguna obligación nueva de transparencia. Solo YPF destinó 97.110 millones de pesos en 2024 y 128.838 millones de pesos en 2025 a publicidad y propaganda: esto según los propios balances auditados y presentados ante la Comisión Nacional de Valores. Tampoco alcanzaba las campañas obligatorias por ley ni situaciones de fuerza mayor, excepción que le permitió a la AFIP gastar $1.424 millones en la campaña del blanqueo entre agosto y septiembre de 2024.
La autoridad que hasta entonces administraba el sistema desde Jefatura de Gabinete pasó, con el nuevo gobierno, a la Secretaría de Comunicación y Medios, dependiente directamente de Presidencia de la Nación según el Decreto 834/24, que estuvo primero a cargo de Belén Stettler y luego de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros.
Además, el 30 de diciembre de 2024, Adorni firmó la Resolución 7147/2024 prorrogando la suspensión de la «pauta» para 2025. Y el 1ro de octubre de 2025, la Resolución 2374/2025 derogó el procedimiento de contratación y discontinuó el RENAPPO invocando «criterios de austeridad y eficacia». A partir de ese momento, el Decreto 984/2009 quedó vigente pero sin autoridad de aplicación que lo ejecute (ya no existe Télam) y no hay ninguna norma posterior que regule cómo YPF, Banco Nación o Aerolíneas deben asignar su publicidad.
Un dato curioso: en septiembre de 2024, apelando a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, el listado de medios, agencias y plataformas que recibieron su pauta publicitaria., pero YPF rechazó el pedido argumentando que por ser una sociedad anónima y no un organismo del Ejecutivo no estaba obligada a responder. Sin embargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAPI) dictaminó en su contra el 31 de marzo de 2025 y le ordenó entregar los datos. Hasta la fecha, YPF no cumplió por lo que la única vía disponible es la judicial.
La pregunta entonces es inevitable: ¿eso de «se terminó la pauta oficial» es un engañapichanga? Los números y los hechos sugieren que sí. Hay fondos que se mueven de manera discrecional y que pueden terminar en YouTube, medios, radios, streams, sin que nadie esté obligado a rendir cuentas por ello. El mismo portal La Derecha Diario, sitio claramente alineado con el gobierno de Milei, publica avisos publicitarios de YPF. Su propio director, Javier Negre, lo admitió en una entrevista. Nadie sabe cuánto dinero recibió ese portal, ni qué otros medios están en la misma situación, porque YPF se niega a informarlo y sigue sin cumplir lo que la propia Agencia de Acceso a la Información Pública le ordenó hacer.
Buen provecho.
Martín Carrizo
