La consigna de que «se cortó la pauta» contrasta con un entramado normativo desarmado y con empresas estatales que siguen gastando miles de millones en publicidad sin nuevos controles ni transparencia, dejando en la sombra quién decide, cómo se asigna y a qué medios termina llegando ese dinero.
Hay un tema que está instalado dentro de la opinión pública pero que pocos se detienen a analizar con precisión: la pauta oficial durante el gobierno de Javier Milei. Detrás de la consigna de que «se cortó la pauta» hay un sistema desmantelado, empresas estatales que gastan sin transparencia y una pregunta sin respuesta: ¿a dónde va el dinero?
Existe una confusión entre lo que es la pauta oficial del Ejecutivo y el gasto publicitario de empresas con participación estatal. ¿Acaso el «se cortó la pauta oficial» no es más que un eufemismo o un slogan que se sigue repitiendo? Para entender esto, necesitamos abordar ciertas cuestiones jurídico-administrativas del Estado.
Por un lado, la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como «Ley de Medios» y sancionada en 2009, regula los servicios de radio y televisión, declarándolos de interés público para fomentar la competencia, la diversidad de voces y la desconcentración de medios. Esta ley establece, entre otras cosas, los marcos dentro de los cuales se debe encuadrar la asignación de la publicidad oficial.
Por otro lado, la Resolución 247-E/2016 de la Secretaría de Comunicación Pública oportunamente creó el RENAPPO (Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial), una especie de padrón oficial en el que cualquier medio que quisiera recibir pauta debía estar registrado. La idea era que al momento de realizar asignaciones específicas, se evitara que un funcionario pudiera darle fondos a un medio amigo de forma discrecional. Era, básicamente, un mecanismo de trazabilidad de la pauta otorgada. Esta resolución se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, la Resolución 9090/2023, de marzo de 2023, dictada durante el gobierno de Alberto Fernández por la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, dejó el RENAPPO bajo la órbita de Télam como agencia distribuidora de la publicidad oficial. De ese modo, el registro pasaba de depender directamente de la Jefatura de Gabinete (con más controles) a un órgano intermediario menos estricto.
Cuando el presidente Javier Milei asumió en diciembre de 2023, recibió un sistema que ya venía algo debilitado. Por otro lado, el 27 de diciembre firmó con el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse el Decreto 89/2023, que suspendía por un año las campañas institucionales de publicidad y comunicación de la Administración Central. Pero este decreto tenía algunas excepciones particulares: eximía de esa obligación a los organismos descentralizados y a las empresas con participación estatal mayoritaria, de modo que YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, AySA, ANSES, PAMI y Correo Argentino quedaron fuera de la restricción y continuaron gastando en publicidad sin ninguna obligación nueva de transparencia. Solo YPF destinó 97.110 millones de pesos en 2024 y 128.838 millones de pesos en 2025 a publicidad y propaganda: esto según los propios balances auditados y presentados ante la Comisión Nacional de Valores. Tampoco alcanzaba las campañas obligatorias por ley ni situaciones de fuerza mayor, excepción que le permitió a la AFIP gastar $1.424 millones en la campaña del blanqueo entre agosto y septiembre de 2024.
La autoridad que hasta entonces administraba el sistema desde Jefatura de Gabinete pasó, con el nuevo gobierno, a la Secretaría de Comunicación y Medios, dependiente directamente de Presidencia de la Nación según el Decreto 834/24, que estuvo primero a cargo de Belén Stettler y luego de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros.
Además, el 30 de diciembre de 2024, Adorni firmó la Resolución 7147/2024 prorrogando la suspensión de la «pauta» para 2025. Y el 1ro de octubre de 2025, la Resolución 2374/2025 derogó el procedimiento de contratación y discontinuó el RENAPPO invocando «criterios de austeridad y eficacia«. A partir de ese momento, el Decreto 984/2009 quedó vigente pero sin autoridad de aplicación que lo ejecute (ya no existe Télam) y no hay ninguna norma posterior que regule cómo YPF, Banco Nación o Aerolíneas deben asignar su publicidad.
Un dato curioso: en septiembre de 2024, un pedido de acceso a la información pública apelando a la Ley 27.275 solicitó el listado de medios, agencias y plataformas que recibieron pauta publicitaria, pero YPF rechazó el pedido argumentando que por ser una sociedad anónima y no un organismo del Ejecutivo no estaba obligada a responder. Sin embargo, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAPI) dictaminó en su contra el 31 de marzo de 2025 y le ordenó entregar los datos. Hasta la fecha, YPF no cumplió por lo que la única vía disponible es la judicial.
La pregunta entonces es inevitable: ¿eso de «se terminó la pauta oficial» es un engañapichanga? Los números y los hechos sugieren que sí. Hay fondos que se mueven de manera discrecional y que pueden terminar en YouTube, medios, radios, streams, sin que nadie esté obligado a rendir cuentas por ello. El mismo portal La Derecha Diario, sitio claramente alineado con el gobierno de Milei, publica avisos publicitarios de YPF. Su propio director, Javier Negre, lo admitió en una entrevista. Nadie sabe cuánto dinero recibió ese portal, ni qué otros medios están en la misma situación, porque YPF se niega a informarlo y sigue sin cumplir lo que la propia Agencia de Acceso a la Información Pública le ordenó hacer.
Martín Carrizo
