La diputada Marcela Pagano denunció penalmente a Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y por la gestión de un préstamo de $40.000 millones del IAF al IOSFA, mientras la Justicia federal investiga el salto de su patrimonio, la cancelación en 12 meses de un crédito hipotecario de $60.000.000 y el posible perjuicio a fondos previsionales militares.
Marcela Pagano, diputada nacional del monobloque legislativo Coherencia, presentó dos denuncias penales ante la Justicia Federal contra Francisco Jorge Adorni, contador público y hermano del actual Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni. La hipótesis penal se apoya en presunto enriquecimiento ilícito (art. 268 del CP) con presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales, y en la administración, de manera fraudulenta, de un préstamo de $40.000 millones a través del IAF que involucra fondos previsionales del personal militar.
La primera denuncia, presentada en los términos de los artículos 174 y 177 del Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063), apunta al incremento patrimonial de Francisco Jorge Adorni entre 2024 y 2025. La segunda se centra en su conducta como Presidente del Directorio del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que asumió el 11 de junio de 2025, en relación con un préstamo millonario extraordinario otorgado al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), organismo que posteriormente fue disuelto.
La diputada señala que la presente acción se inscribe en un patrón de control institucional que viene ejerciendo sobre funcionarios Ejecutivo Nacional, y que incluye la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni tramitada bajo la causa CFP 1003/2026, así como otras presentaciones vinculadas a Tecnópolis, un vuelo privado, inmuebles en las calles Vieytes y Miró, y la contratación de boinas para la Gendarmería Nacional.
Francisco Jorge Adorni no registraba antecedentes en la función pública nacional previo al momento de su primera designación. Fue nombrado al inicio de la gestión, el 10 de diciembre de 2023, como Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, cartera entonces conducida por el ministro Luis Petri. En junio de 2025, fue promovido a Presidente del Directorio del IAF a expreso pedido del propio Ministro de Defensa.
El 19 de febrero de 2024, Francisco Jorge Adorni presentó ante la OA (Oficina Anticorrupción) su Declaración Jurada Patrimonial Integral Inicial, declarando un patrimonio neto de $ 43.790.000, compuesto por el 50% de una casa de 162 m² en City Bell (Pcia. de Buenos Aires), valuada en $ 38.790.000, y el 50% de un Chery Tiggo 2017 valuado en $5.000.000. Ya en el segundo período fiscal, después del ejercicio de su función en 2025, su patrimonio neto ascendió a $ 80.500.000, un incremento del 83,8% en 12 meses. La denuncia no sólo se centra en la adquisición de una camioneta Jeep Renegade modelo 2020 valuada en $ 8.000.000, sino en la cancelación en solo 12 meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de Provincia $60.000.000. La denuncia señala que, computando el haber mensual neto del cargo, superior a $2.000.000, incluso con una capacidad de ahorro del 100% del salario, el funcionario no habría podido reunir esa suma en ese plazo, lo cual obliga a requerir la justificación de la procedencia lícita de los fondos en los términos del artículo 268, inciso 2, del Código Penal.
El segundo escrito apunta a la gestión de Francisco Jorge Adorni al frente del IAF en base a un préstamo extraordinario de $ 40.000 millones otorgado al IOSFA, organismo que acumuló una deuda aproximada de $160.000 millones durante 2025. El IOSFA fue finalmente disuelto por el DNU 88/2026, publicado en febrero de 2026, que creó en su reemplazo la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), invocando un “desequilibrio estructural y desfinanciamiento”.
La denuncia sostiene que Francisco Adorni asumió el control del IAF en el momento de mayor exposición patrimonial del organismo, con el préstamo ya otorgado a un deudor en quiebra, y que, lejos de cumplir sus deberes legales de control, verificación y denuncia, habría convalidado, ejecutado y/o consentido la aplicación irregular de los fondos. La designación fue dispuesta a pedido del entonces ministro de Defensa Luis Petri, reemplazando a la anterior presidenta del Directorio, Betina Betsabé Surballe, quien a su vez provenía del IOSFA. El ex director del IOSFA que tomó el crédito fue Roberto Fiochi, cuya renuncia generó el expediente legislativo 1865-D-2025, mediante el cual el Congreso requirió al Ejecutivo explicar las razones del endeudamiento.
La denuncia extiende explícitamente la investigación al entonces ministro de Defensa Luis Petri, quien promovió la designación de Francisco Adorni, evaluando si ello se resolvió bajo el criterio de idoneidad o si formó parte de un mecanismo de control político sobre una operación cuya regularidad estaba siendo cuestionada en sede parlamentaria.
Qué medidas cautelares se solicitan?
Pagano solicitó la inhibición general de bienes de Francisco Jorge Adorni, el levantamiento del secreto fiscal y bancario, oficios al Banco de la Provincia de Buenos Aires para reconstruir la cancelación del crédito hipotecario, y la intervención de la DAFI para analizar la consistencia entre los ingresos formales y la evolución patrimonial declarada.
En la segunda, requirió la preservación urgente de toda la documentación del IAF, del IOSFA, del Ministerio de Defensa y de la SIGEN, la trazabilidad bancaria completa de los $ 40.000 millones, y la designación de un perito contador oficial para determinar el destino efectivo de los fondos y el perjuicio patrimonial para el Estado.
El fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó la investigación a partir de la denuncia y delimitó la hipótesis inicial al presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni durante el período en que se desempeñó en la función pública nacional. Ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario, requirió a la OA las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por el funcionario, pidió a los organismos tributarios y al Banco Central información sobre sus movimientos financieros, créditos e inversiones, entre otros, a los efectos de contrastar la evolución de su patrimonio con sus ingresos formales como funcionario.
Martín Carrizo
