La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ahora Jefe de Gabinete por haber utilizado efectivos de la Policía Federal y vehículos del Estado para traslados personales de su esposa cuando era Vocero Presidencial, un rango que no habilita ese tipo de protección. La custodia habría sido asignada de palabra, sin acto administrativo ni evaluación de riesgo, y los agentes fueron destinados desde manicuras hasta salidas nocturnas en Palermo. El caso se agrava porque hoy Adorni es el funcionario constitucionalmente responsable de administrar todos los bienes del Estado.
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni fue denunciado ante la Justicia Federal por peculado de servicios y abuso de autoridad. La diputada nacional Marcela Pagano radicó la denuncia formal por haber destinado efectivos de la Policía Federal Argentina y vehículos oficiales a tareas personales de su esposa, Bettina Julieta Angeletti.
El tema es que la irregularidad se habría iniciado cuando él era Vocero Presidencial, con rango de Secretario. Ese rango funcional NO HABILITA a recibir servicio integral de protección con equipos de la PFA, sino únicamente asistencia mediante chofer, según la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 757/2018.
La custodia habría sido asignada de palabra, sin el procedimiento reglamentario obligatorio, se arregló de palabra” atribuido al entorno de la Secretaría General de la Presidencia y sin un acto administrativo formal, ni evaluación de riesgo o amenaza concreta, sin expediente.
EL AGRAVANTE es que hoy Adorni es Jefe de Gabinete de Ministros, lo que según el artículo 100 inciso 1ro de la Constitución lo convierte en el jefe de la administración general del país. Es decir: el funcionario encargado de administrar y controlar TODOS LOS BIENES DEL ESTADO, incluidos los servicios policiales, es el mismo que presuntamente los usó irregularmente para beneficio personal.
Adorni tiene el deber primario e indelegable de exigir el ajuste a derecho en el uso de recursos estatales. Su omisión deliberada de corregir el uso irregular de la custodia configura abuso de autoridad por omisión.
Según fuentes internas de la propia seguridad presidencial citadas en el escrito judicial, el personal policial habría sido literalmente “convertido en Uber”. Seis efectivos en régimen de 24 por 48 horas habrían sido afectados para:
-Traslados a la manicura.
-Llevar a los hijos al colegio.
-Traslados al bar “La Fernetería” en Palermo con espera de hasta las 4 de la madrugada.
-Llevar amigas a sus casas tras unas salidas nocturnas, y transportar personal doméstico para compras.
-Ayer se filtraron fotos de Gendarmería Nacional custodiando permanentemente la puerta del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni tiene la propiedad. El operativo comenzó tras una movilización del 31 de marzo: desde entonces, un móvil con cuatro gendarmes custodia las 24 hs el acceso al barrio privado, que ya cuenta con seguridad privada.
-Los chats del grupo de WhatsApp del country, publicados por A24, muestran tensión con los vecinos.
-Algunos residentes revelaron que Adorni usa autos oficiales para mandar a sus empleadas domésticas a hacer las compras. En los mensajes, Adorni escribió: “Estoy tomando todas las medidas para que podamos volver a la tranquilidad” y advirtió que “pasaron por la puerta de casa un grupo de personas sacando fotos”, situación “vista por mi hija de 5 años”.
La diputada Pagano solicitó al tribunal medidas urgentes de prueba: registros GPS del vehículo oficial, planillas de servicio de los efectivos policiales, el acto administrativo que dispuso la custodia si es que existe, pericia contable para cuantificar el costo total al Tesoro Nacional, y testimonios protegidos de los agentes afectados por temor a represalias funcionales.
Debemos tener en cuenta que el delito de peculado de servicios se consuma con la simple afectación indebida de agentes públicos a tareas ajenas al servicio, sin necesidad de probar perjuicio económico específico.
Martín Carizo
