Por Martín Carrizo
En el día de hoy, Manuel Adorni volvió a dar su conferencia de prensa en Casa Rosada en medio de un escándalo que lo involucra a él mismo: como vocero, como Jefe de Gabinete y como Director Titular de YPF con Acción de Oro.
Para un funcionario de este nivel, que además ya tiene una causa judicial abierta sobre viajes en avión privado, facturas con inconsistencias y un amigo que lo terminó hundiendo en vivo diciendo que había pagado con fondos del Estado, el formato no fue el ideal: más que una conferencia de prensa terminó pareciéndose a una puesta en escena ensayada que salió bastante mal: el nerviosismo comenzó a percibirse desde el primer minuto. El tono defensivo escaló rápidamente, casi con un enojo que terminó con un retiro del lugar bastante abrupto.
Y ahí es cuando habría que hacerse la pregunta: ¿un vocero presidencial que pierde la compostura ante una consulta sobre su propia declaración jurada o sobre presuntas dádivas resulta idóneo para el cargo? ¿No estará convirtiendo esta crisis en una bol de nieve?
Hubo frases bastante desafortunadas en sus respuestas. Una de las más cuestionables fue: “La justicia me va a preguntar, vos sos apenas un periodista, no sos juez.” Un error conceptual de manual. Simple: El periodista no le estaba preguntando como magistrado, le preguntaba como representante de una sociedad que tiene derecho (constitucional) a conocer los actos de sus funcionarios: sobre el vuelo privado a Punta del Este, que fue facturado a Imhouse SA, sobre la productora de Marcelo Grandio, su amigo y conductor de la TV Pública, el mismo canal que pasó a orbitar el propio Adorni. Y el porqué de la respuesta de Grandio en LN+, que terminó hundiéndolo: “Lo pagó él con plata del Estado.” La sociedad tiene derecho a saber. Le guste o no. Y sí, que Adorni se quede tranquilo porque ya hay una causa, que terminó sorteada en el juzgado del juez Ariel Lijo (ahí tiene al juez), con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
En qué terminó esto?
El repudio periodístico resultó completamente transversal, de oficialistas y de opositores, acá no hubo muchas diferencias. El escándalo creció políticamente y ante la opinión pública que ya empieza a entender que la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública obliga a declarar los bienes del cónyuge. Y que por ley, esa parte no sea pública no la hace necesariamente inexistente.
“Es mi vida privada” no es un argumento político sólido y/o respetable, es más bien una frase que le sirve a un ciudadano común, o que le hubiera servido en sus épocas de tuitero, no a quien administra recursos del Estado o que todavía configura el segundo cargo más importante dentro del Ejecutivo. El problema no es menor: un vocero y un Jefe de Gabinete que no puede explicar su propia transparencia sin enojarse y sin querer entender de qué se trata el ejercicio de la función pública tiene varios frentes que resolver: el judicial y el político, este último, un problema que ya ninguna conferencia de prensa o aparición televisiva va a poder resolver.
FIN (en mayúsculas).
