El hecho de ceder un predio del Estado a un privado a cambio de una contraprestación no es, en sí mismo no constituye ni delito ni falta. Es algo que existe y que siempre se ha hecho, que tiene marco legal y que distintas gestiones han utilizado para financiar actividades estatales con recursos que el presupuesto no cubre. El problema en este caso no es lo que se hizo sino lo que pasó después. O mejor dicho, lo que no pasó con el dinero.
Antes de abril de 2025, el CITEDEF (el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa) firmó un convenio con la empresa Seeker Parking.
El acuerdo era bastante concreto: la firma usaría el playón del organismo en Villa Martelli, a metros de la Avenida Gral Paz, como estacionamiento durante las cuatro noches del festival Quilmes Rock (5, 6, 7 y 8 de abril de 2025). A cambio, Seeker Parking destinaría 20 millones de pesos para financiar 15 proyectos de investigación científica del instituto.
El Coronel Retirado Roberto Lloveras, titular del CITEDEF, reconoció públicamente la existencia del convenio. Nadie lo niega. El contrato existió.
Lo que no existe es la prueba de que esos $ 20 millones hayan llegado alguna vez a los investigadores del organismo. Mientras tanto, ATE reconstruyó la recaudación del lado privado: más de 500 vehículos por noche, a $40.000 por auto, en efectivo y con tarjeta de débito, durante cuatro jornadas con capacidad agotada. La cuenta da $ 80 millones para Seeker Parking. Para el Estado, no hay rendición de cuentas ni acreditación; ni los 15 proyectos financiados. La brecha entre lo que recaudó el privado y lo que recibió el organismo público es la razón del escándalo.
Pero el problema no es solo financiero. El CITEDEF no es un galpón en desuso, es un organismo de investigación militar de carácter sensible, con instalaciones reservadas. Durante las 4 noches del festival, ciudadanos sin ningún tipo de acreditación de seguridad caminaron libremente por calles internas del predio, a metros del laboratorio de ensayos balísticos y de un depósito de materiales inflamables. Esa misma noche, el helipuerto del organismo sufrió daños. «Estacionaron a metros de los laboratorios balísticos, en la puerta de un polvorín. Pusieron en riesgo la seguridad nacional», declaró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
ATE inició el camino ante la OA (Oficina Anticorrupción) en junio de 2025, pero el caso escaló rápidamente. El 6 de octubre, el sindicato presentó documentación probatoria (fotos, videos y el texto del convenio) ante el fiscal Santiago Schiopetto en el fuero federal, bajo la causa 3611/2025 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro 9, caratulada “De Petri, Luis y otros s/ malversación de caudales públicos y otros delitos”, que incluye tanto el caso CITEDEF/Quilmes Rock como las irregularidades del IOSFA 3611/2025. La figura penal invocada es la MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (artículo 260 del Código Penal), que sanciona a quien le dé a bienes o fondos del Estado un destino distinto al establecido legalmente.
IMPORTANTE: Ante la repercusión pública, Seeker Parking emitió un comunicado oficial el 3 de octubre de 2025. La empresa no negó haber operado en el predio del CITEDEF. Tampoco desmintió el convenio. Se limitó a aclarar que “no tiene injerencia en las decisiones sobre la cesión o habilitación de predios” y que su función es “exclusivamente brindar la tecnología y el servicio de organización de estacionamientos en aquellos espacios que han sido previamente autorizados por sus responsables.” Sin querer, la empresa se mandó al frente: al confirmar que operó en un espacio “previamente autorizado”, ratificó que alguien dentro del Estado tomó la decisión de abrir las puertas de un organismo de defensa sensible a un negocio privado. Esa persona no es Seeker Parking. Lo que no menciona el comunicado menciona en ningún momento es el destino de los $ 20 millones comprometidos en el convenio. Tampoco los 15 proyectos de investigación que se iban a financiar con el dinero. El silencio sobre la contraprestación termina siendo más elocuente que cualquier aclaración.
Este caso no llegó solo. La causa se acumuló a una investigación que ya corría contra Luis Petri por irregularidades en el IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas), consolidando 2 frentes judiciales simultáneos contra el ministro. Y hay un dato que la denuncia desliza con particular peso político: según Aguiar, las autoridades del CITEDEF habrían recibido instrucciones de la Presidencia de la Nación para habilitar el uso del predio. Si esa afirmación se sostiene en la instrucción judicial, el caso dejaría de ser un problema de gestión ministerial para convertirse en una decisión política trazable hasta la cúpula del Ejecutivo.
Petri no realizó declaraciones al respecto, fuimos varios periodistas quienes no recibimos respuesta. Su ministerio tampoco publicó documentación que justifique la operación ni la rendición de los fondos comprometidos en el convenio.
El ex ministro de Defensa y ahora diputado nacional, acumula varios frentes judiciales. La diputada nacional del bloque PROVINCIAS UNIDAS, Lourdes Arrieta, también lo denunció penalmente por malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y abandono de persona ante la Justicia Federal. La causa tramita en Comodoro Py, en el juzgado del juez Rafecas.
Martín Carrizo
