Pasó con los audios de Spagnuolo en ANDIS. Pasó con el video de Adorni. Pasó con el peritaje que publicó Natalia Volosin en $LIBRA. No parecen hechos aislados. Hay una lógica que se repite: cuando aparece una prueba incómoda, la discusión deja de ser la prueba y pasa a ser quién la obtuvo.
La causa por corrupción en la ANDIS tiene un punto q aún sigue sin resolverse: Diego Spagnuolo sostiene desde hace meses que los audios que lo comprometen son falsos, manipulados o generados con inteligencia artificial. Su defensa recién presentó un peritaje de parte que detecta alteraciones y marca una probabilidad del 65 % de voz sintetizada en uno de los fragmentos.
La Sala II de la Cámara Federal porteña le había ordenado al juez Casanello [ya no más en la causa] que verificara eso. No lo hizo. Y aun así, Spagnuolo y otros 18 imputados siguen procesados por administración fraudulenta y asociación ilícita.
La explicación formal vino del fiscal Franco Picardi quien sostuvo que los procesamientos no se apoyan en los audios, sino en lo que apareció después, en los allanamientos, en documentación y en teléfonos secuestrados. Los audios, en esa lógica, solo habilitaron las medidas.
Pero ahí aparece el problema de fondo. Si los audios son el origen de todo, entonces su validez impacta sobre todo lo demás. Es la doctrina del fruto del árbol envenenado, consagrada por la Corte Suprema en el fallo «Rayford» de 1986. Y ahí es donde el expediente se divide.
¿La denuncia del mismo día?
El 16 de agosto de 2025, el mismo día en que el periodista Mauro Federico difundió los audios, el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad (con Patricia Bullrich en ese entonces), presentó una denuncia penal. No contra Spagnuolo sino quienes habían grabado esas conversaciones, es decir, quien había hecho espionaje ilegal contra Karina Milei.
Esa denuncia abrió una causa paralela a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini. Ahí se empezó a investigar el origen de los audios, se citó a periodistas (Federico y Rial) y el juez Maraniello dictó una cautelar para frenar su difusión.
Entonces, cuando la Cámara Federal le preguntó a Casanello por qué no había verificado la autenticidad de los audios dentro de la causa ANDIS, la respuesta del juez fue técnica pero clara: ese punto ya estaba siendo investigado en otro expediente. La cuestión central, la validez de la prueba, salía de la causa principal y pasaba a otra causa. En febrero de 2026, los camaristas Boico e Irurzun lo dijeron sin rodeos: no se cumplió con lo ordenado. Pero el efecto ya estaba producido. El eje de discusión se había corrido.
on Casanello fuera, quien no prorrogó su subrogancia en el Juzgado Federal Nro 12, la Cámara Federal sorteó un reemplazante: Ariel Lijo, el mismo magistrado que el gobierno de Milei había promovido para integrar la Corte Suprema. Asumió el 11-2- 2026 y heredó los 19 procesamientos, las apelaciones en curso y la orden de la Cámara que Casanello no cumplió. Una de las causas más sensibles para el gobierno pasó a manos del juez al que el gobierno había intentado ascender a la CSJN.
Adorni y la cámara del aeropuerto
Con el vocero presidencial Manuel Adorni el esquema se repite sin reparos ni vergüenza. Aparece un video que lo compromete. No se investiga el contenido. Se investiga quién lo filmó. El propio Lijo pide las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando para identificar a la autora de la grabación. No importa la causa sobre lo que Adorni hizo, importa quién lo filmó.
El 6 de marzo de 2026, la abogada y periodista Natalia Volosin publicó en su portal La Justa el contenido del peritaje del teléfono de Mauricio Novelli (el empresario intermediario entre Milei y los creadores de $LIBRA) incluyendo el borrador de un acuerdo de 5 millones de dólares vinculado al apoyo del presidente al proyecto. El informe había sido elaborado por la DATIP, el organismo oficial de pericias tecnológicas de la Procuración General, recibido por la fiscalía en versión preliminar en noviembre de 2025 y en versión final en enero de 2026, pero incorporado al expediente recién el 24 de febrero. Volosin y las querellas sostienen que estuvo cajoneado. Taiano dice que el preliminar era privado y orientativo.
Lo que no está en discusión es la respuesta del fiscal: no fue actuar antes sino citar a Volosin a declarar como testigo por haber difundido documentación reservada. La misma Academia Nacional de Periodismo emitió un comunicado respaldándola. La citación fue dejada sin efecto días después dejando en claro la atrocidad jurídica y constitucional del fiscal Taiano. Pero la discusión pública ya se había movido de lo que el peritaje revelaba a por qué Volosin lo publicó.
El flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques en televisión, debutando como defensor oficial de Javier Milei.
El 16 de marzo de 2026, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques habló en televisión y desplegó públicamente una estrategia para cuestionar la validez del peritaje del teléfono de Novelli en la causa $LIBRA, y extendió ese criterio a ANDIS y al caso Adorni. Un ministro en funciones, explicando en cámara los puntos procesales débiles de expedientes que involucran a funcionarios del propio Ejecutivo. En un país normal, Mahiques ya hubiera sido desplazado por juicio político.
El apellido Mahiques aparece también en otro expediente. Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación y padre del ministro, debió renunciar en febrero de 2026 a la subrogancia de la Sala I cuando quedó expuesto que había festejado su cumpleaños en la quinta de Pilar investigada por presunto lavado de activos y vinculada a Pablo Toviggino, número dos de la AFA. Renunció invocando «razones funcionales». Nadie planteó recusación formal.
¿Y la estrategia de “matar al mensajero” les sirve?
Ninguna de estas maniobras triunfó definitivamente. Los 19 procesamientos de ANDIS siguen en pie. La cautelar de Maraniello fue apelada. Taiano no llegó a interrogar a Volosin. Pero la estrategia es apuntar al periodista que recibe un documento comprometedor y calcula el riesgo antes de publicarlo. A la fuente que decide que no vale la pena. Al testigo que prefiere no declarar, a la persona que opta por no grabar. En 1968, la Corte Suprema dijo en el fallo “Mattei” que el proceso penal no puede volverse un instrumento de presión. Lo dijo pensando en el fiscal que acosa al inocente. Lo que muestran ANDIS, Adorni y $LIBRA es algo distinto: un gobierno que no necesita ganar ninguna causa para obtener el resultado que busca. Le alcanza con que la próxima fuente lo piense dos veces antes de habla.
Martín Carrizo
