Una investigación judicial en avance, inconsistencias patrimoniales y una defensa política cada vez más furibunda exponen no solo a Manuel Adorni, sino también a un Gobierno que parece dispuesto a asumir costos crecientes en un escenario de desgaste interno.
Si hay algo que en estos días llama poderosamente la atención, incluso dentro del propio oficialismo, es el nivel de desgaste político que el Gobierno está dispuesto a asumir para sostener al jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni. La incomodidad es indisimulable incluso entre sus propios funcionarios. Los off the record se escapan por todos lados, como si esa fuera la forma de hacer catarsis dentro de un Gabinete en el que un simple gesto de disconformidad te convierte automáticamente en traidor. La discusión, además, ya superó el punto inicial sobre si presenta o no su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Cuando algo demora demasiado, pierde credibilidad. La propia Patricia Bullrich lo expresó con claridad en su entrevista con Eduardo Feinman: “Si tenés la DDJJ anterior, es fácil presentarla”. Sin embargo, incluso con la “noticia spoileada”, tal cual la definió el mismo Adorni con Alejandro Fantino, la declaración jurada sigue sin aparecer.
Mientras el Gobierno insiste en presentar al jefe de Gabinete como un símbolo de honestidad, la Justicia de Comodoro Py avanza sobre movimientos patrimoniales, propiedades, dinero en efectivo y trazabilidad de fondos en billeteras digitales. El contraste resulta, como mínimo, llamativo, sobre todo para una administración que ha construido su discurso sobre teorías conspirativas o intentos de desestabilización atribuidos al círculo rojo, al periodismo e incluso a la propia vicepresidenta Victoria Villarruel. Al final, la tensión y el desgaste parecen generarse desde la propia mesa chica.
En términos clásicos, un “golpe palaciego” no implica una ruptura institucional abierta ni la intervención de actores externos, sino un proceso de desplazamiento o debilitamiento del poder que se gesta dentro del propio núcleo gobernante, a través de internas, pérdida de confianza, operaciones políticas y desgaste progresivo de la autoridad, cualquier parecido con la situación política actual es mera coincidencia.
La investigación de Adorni está radicada en el juzgado federal a cargo del juez Ariel Lijo, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. El expediente reconstruye el patrimonio del funcionario mediante el cruce entre ingresos declarados y adquisiciones que resultan difíciles de explicar dentro de los parámetros de un salario público: nuevas propiedades, hipotecas con saldo positivo, supuestos pagos de 245 mil dólares en efectivo, fondos en billeteras digitales, y vaya a saber cuánto más aparece.
No se entiende cómo consiguió esos montos de dinero y todas esas propiedades en tan poco tiempo, pero todavía cuesta más entender por qué el Gobierno eligió convertir un tema técnico y defensivo en una pelea política innecesariamente costosa. Porque cuanto más expuesto queda Adorni, más expuesto queda también el Gobierno, y lo más importante, el propio presidente Milei, quien además sale a respaldarlo públicamente en una intervención sorpresa, y no tanto, ya que coincidió con la aparición de Patricia Bullrich en A24, en La Nación+, desacreditando testigos antes de que concluyan las medidas de prueba: una conducta que tensiona el principio de división de poderes. A esto se suman legisladores provinciales oficialistas como Florencia Arietto que hablan de “falso testimonio” en redes sociales mientras la causa sigue en trámite.
Lejos de desactivar el conflicto, cada intervención parece potenciarlo. Es inevitable preguntarse: ¿por qué el Gobierno decide involucrarse de manera tan directa en la defensa de un funcionario con este nivel de exposición judicial y mediática? Sostener a un funcionario investigado es una decisión política; convertir esa defensa en una cuestión de interés nacional es otra muy distinta.
El problema de los llamados “golpes de Estado modernos”, que no implican necesariamente una interrupción formal del orden democrático, es que muchas veces no provienen de factores externos. Estos se gestan desde adentro, de forma gradual: desgaste, internas, pérdida de credibilidad, funcionarios incómodos y una acumulación de tensiones que termina erosionando al poder desde su propio núcleo, y que resulta, todo esto, en una gestión cada vez más ineficiente.
Martín Carrizo
